Argentina: Basta Ya de violencia contra las comunidades originarias

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¿HASTA CUÁNDO SEGUIRÁ LA VIOLENCIA CONTRA LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS?

Antes de que asumiera este gobierno, la vicepresidenta Villarroel había expresado la necesidad de derogar la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indigena, «considerando que suspendia los desalojos, vulneraba el derecho a la propiedad privada y legitimaba usurpaciones de tierras bajo falsas identidades originarias, particularmente en la Patagonia.» Algo que todos sabemos es una verdadera falacia.

Y por supuesto cuando comenzó la gestión de Milei, la mencionada ley fue derogada rápidamente, con lo que era de imaginar el acoso que se avecinaba contra los territorios indigenas.

Todo lo que vino después, el RIGI, la Ley de Glaciares y la Ley de Inviolabidad a la Propiedad Privada, de la que afortunadamente no pasó el tema de la extranjerización de la tierra y de la ley de manejo del fuego, pero quedaron los desalojos express, el nuevo Registro de la Propiedad Inmueble y el régimen de expropiaciones, nos convenció del rechazo y el odio hacia el pueblo en general, pero hacia los derechos de los pueblos originarios en particular.

Todas las acciones que se han venido tomando desde entonces, nos confirman que lo que el entonces candidato Milei decía, que venia a destruir el Estado desde adentro, se iba a cumpliendo indefectiblemente.

Así fue como una por una fueron amenazadas y se produjeron desalojos en diferentes comunidades, algunas de las cuales hasta tenían el reconocimiento institucional del Estado Argentino, a través del INAI (Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas)

Entonces, estas amenazas y desalojos ya no fueron casos aislados, sino parte de un plan sistemático de hacer desaparecer las comunidades, y a sus habitantes, como partes de un pueblo preexistente al Estado Nacional, con sus derechos reconocidos constitucional y convencionalmente. Esto nos demuestra que ya no hay leyes que se respeten, que sólo tiene valor lo dispuesto por los Poderes Ejecutivos y Judiciales, que muchas veces resuelven casos de usurpación en complicidad con terratenientes o empresas corporativas, inmobiliarias, o de actividades económicas extractivas, etc.

Si no fuera por lo trágico del caso, hasta daría gracia que acusen de usurpación a comunidades o pueblos indígenas, asentados en sus territorios tradicionales desde muchos años atrás, preexistentes incluso a la constitución del propio Estado Nacional. Pero claro, aparece alguien que tiene un titulo, conseguido vaya a saber con qué artimañas, para imponerse ante la posesión indígena.

Y si queremos dar ejemplos, hay que fijarse en los casos que tuvieron lugar en los últimos meses:

⚫ 25 de julio: Desalojo en Comunidad Mbya Guaraní, Puerto Quemado II, en la Provincia de Misiones.
10 de agosto: Desalojo en Comunidad Santa Rosa de Humahuaca, Jujuy.

⚫ 7 de agosto: Amenaza de desalojo a la Comunidad Paicil Antriao, de Villa La Angostura, Neuquén.

⚫ 19 de agosto: Desalojo de la Lof Kinxikew, y amenaza del Lof Melo, en Villa La Angostura, también Neuquén.

Riesgo de Desalojo a la Comunidad Ocloya Las Capillas, en la Provincia de Jujuy.
• Peligro de Desalojo de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, San Lorenzo, Provincia de Salta.
Riesgo de desalojo de la Lof Kurache, de Cushamen, Chubut
Y con seguridad hasta fin de año se van a agregar más casos.

Entonces, ¿qué podemos esperar? Si la mayoría de las veces estas acciones responden a los intereses de los poderosos, a las ambiciones de quienes pretenden los territorios y sus recursos, y cuentan también con el apoyo y despliegue de las policías y fuerzas especiales que responden a los distintos poderes judiciales de las provincias.

Es importante tener en cuenta, que cuando una comunidad es desalojada, no implica simplemente el desplazamiento de su lugar, sino también abandonar el territorio que representa su sustento de supervivencia material, su identidad, su cultura, su espiritualidad y su organización comunitaria, por lo que se está afectando no solo el derecho colectivo de la Comunidad, sino también el derecho de cada uno de sus miembros, es decir mujeres, niñas, niños, hombres y personas adultas mayores que se encuentran vulnerabilizados por la falta de respeto y garantia de sus derechos.


Por todo esto, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) , junto con su presidente honorario. Adofo Pérez Esquivel, expresa su indignación y repudia enérgicamente esta política discriminadora, este accionar represivo y se solidariza con todas las comunidades originarias, apelando al deseo de muchas de ellas y sus organizaciones, y de las distintas organizaciones del Pueblo Argentino, a la unidad en resistencia y lucha, pero una verdadera unidad en la acción, que es con lo único que se podrá enfrentar una política entreguista y de despojo como la que estamos viviendo.

Fundación Servicio Paz y Justicia, organización reconocida con el Premio Mensajera de la Paz por Las Naciones Unidas y Educación para la Paz por la UNESCO.

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