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Evidencian complicidad del FBI con Posada Carriles...
La complicidad entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Miami, la mafia anticubana que allí opera y el criminal Luis Posada Carriles, fue evidenciada hoy en Mesa Redonda Informativa de la televisión y radio cubanas...
Evidencian complicidad del FBI con Posada Carriles.
Por Roberto Pérez Betancourt
La Habana, 14 nov (AIN) La complicidad entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Miami, la mafia anticubana que allí opera y el criminal Luis Posada Carriles, fue evidenciada hoy en Mesa Redonda Informativa de la televisión y radio cubanas.
Los panelistas analizaron la información revelada en el influyente diario The Washington Post, donde se afirma que Ed Pesquera, agente del FBI, dio la orden de destruir el expediente delictivo de Luis Posada Carriles, que esa institución guardaba en su sala de evidencias de Miami.
En el trabajo del Post, la periodista Ann Louise Bardach ofreció detalles de los documentos desaparecidos e hizo notar que Ed Pesquera es hijo de Héctor Pesquera, el ex jefe del FBI en el Sur de la Florida, el mismo que arrestó en 1998 a cinco cubanos luchadores antiterroristas.
René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero, conocidos como Los Cinco, fueron sometidos a un politizado juicio en Miami, que concluyó en 2001 con excesivas e injustificadas condenas, por infiltrar a grupos extremistas anticubanos que actúan con la anuencia de Washington en el Sur de la península de Florida.
El periodista Reinaldo Taladrid recordó que Bardach publicó hace años una entrevista con Posada Carriles, en la cual este confesaba sus lazos con la llamada Fundación Nacional Cubano-Americana, de largo expediente delictivo contra la Mayor de las Antillas y otras naciones.
Bardach supo que el caso de Posada estaba siendo manejado al más alto nivel del Departamento de Justicia estadounidense y que el Gobierno no deseaba que se pusieran en riesgo sus relaciones con los cubanos exiliados, refiriéndose en verdad a la mafia terrorista de Miami.
Los detalles del caso demuestran la intención conspirativa, ya que los documentos del historial de Posada fueron destruidos en agosto de 2003, cuando las autoridades panameñas reclamaban datos sobre el terrorista, inculpado en ese país por intentar volar en 2001 el Paraninfo de la Universidad, donde hablaría el Presidente cubano Fidel Castro.
Otros oficiales aparecen complotados en el caso Posada, entre ellos el detective Luis Crespo, hijo de un criminal de igual nombre conocido como ‘El Gancho’, y el detective Héctor Alfonso, hijo del también terrorista anticubano Héctor Fabián.
Posada, de 78 años de edad, sigue detenido en El Paso, Texas, solo bajo acusaciones de entrada ilegal a Estados Unidos en marzo del 2005.
Washington omite a priori las numerosas pruebas que demuestran que este hombre, más que un simple violador de normas migratorias, es un asesino confeso, autor del sabotaje a una nave de Cubana de aviación en 1976, que costó la vida a 73 personas inocentes.
Un magistrado recomendó la liberación de Posada en octubre de este año, pero el Gobierno solicitó la detención ‘indefinida’ y se vio obligado a calificarlo de ‘criminal no arrepentido que ha admitido ser el cerebro de varios atentados terroristas’.
Lázaro Barredo, director del diario Granma, recordó que el dos de noviembre, Phillip Martínez, juez federal, concedió al Gobierno 90 días más para que el Departamento de Seguridad Territorial justifique el encarcelamiento indefinido de Posada, los cuales se vencerán el primero de febrero de 2007.
El Departamento de Justicia tendrá que certificar que Posada es un terrorista o que su libertad condicional afecta a la política exterior de Estados Unidos.
Vía telefónica, el abogado José Pertierra afirmó que EE.UU. no puede permitir que un terrorista como Posada sea liberado y subrayó que, si no se hace justicia, es responsabilidad del Gobierno y no de algún juez de inmigración.
Barredo comentó un artículo publicado el sábado anterior en el diario The Miami Herald, basado en declaraciones de un agente del FBI, donde se narran vínculos entre Posada y otros connotados terroristas con comerciantes de origen cubano radicados en Nueva Jersey.
En opinión de Randy Alonso, moderador de la Mesa Redonda, el artículo del Herald evidencia que las autoridades estadounidenses están en pleno conocimiento de las múltiples actividades de Posada.
Taladrid precisó que en Estados Unidos se constituyeron grandes jurados investigadores sobre los casos de corrupción. Uno en Nueva Jersey involucra a cubanos mafiosos, mientras otro indaga detalles reales del ingreso ilegal de Posada Carriles al país.
Alicia Jrapko, del Comité Internacional por la Libertad de Los Cinco en EE.UU. -presente en la Mesa Redonda-, expresó su satisfacción al constatar la seriedad del periodismo cubano, subrayó la ignorancia del pueblo norteamericano sobre los temas tratados y ofreció testimonio sobre la política de terror insuflada a los estadounidenses.
Afirmó Jrapco que los medios de difusión masiva en su país silencian realidades, incluida la de Los Cinco, y explicó las actividades realizadas por el Comité de Solidaridad para llevar la verdad a estudiantes y otras capas sociales norteamericanas.
En su sección la Noticia del Día se supo que los terroristas de origen cubano Santiago Álvarez y Oswaldo Mitat fueron sancionados al concluir el juicio que se les seguía en Estados Unidos por trasiego ilegal de armas.
Álvarez debe cumplir 46 meses de prisión y pagar una multa de 10 mil dólares, Mitat pasará tres años y un mes en cárcel federal y dos años en libertad condicional.
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Sancionan en Miami al terrorista Santiago Álvarez
La Habana, 14 nov (AIN).-El terrorista de origen cubano Santiago Álvarez fue condenado el lunes en Miami a casi cuatro años en prisión federal, por esconder armas y explosivos ''ilegalmente''.
Todo hace indicar que muy a pesar del magistrado, eran tan escandalosas las pruebas del almacenamiento de ametralladoras, armas de fuego con los números de serie borrados, un silenciador sin registrar y un lanza-granadas, que era imposible tirar un manto de impunidad sobre el sujeto, acostumbrado a realizar acciones violentas contra Cuba desde territorio estadounidense.
Según la versión digital de Sun Sentinel, citada por CUBADEBATE, Álvarez admitió recientemente que él escondió las armas en un apartamento de su propiedad e intentó moverlas hacia otro sitio, después que autoridades federales irrumpieron en su oficina con una autorización de búsqueda.
Además de los 46 meses en prisión, el juez James Cohn pidió para Álvarez dos años de libertad condicional y pagar una multa 10.000 dólares.
Condenó, además, a su socio Osvaldo Mitat a tres años, más un mes en prisión
federal, y a dos años de libertad condicional. Mitat también se había declarado
culpable en el caso.
Los abogados de defensa dijeron que estos dos hombres eran "patriotas, no ladrones". Pero el juez Cohn respondió que, "aunque esta corte reconoce el último objetivo y la meta de Sr. Álvarez y del Sr. Mitat, que ha sido siempre una Cuba libre y democrática,.... somos una nación de leyes."
Es la misma nación cuyo gobierno protege al connotado terrorista Luis Posada Carriles -socio de Álvarez y confeso autor intelectual de la voladura de un avión cubano que costó la vida de 73 personas inocentes en 1976, y que dio la libertad al asesino Orlando Bosh, también de origen cubano, quien anda libre por las calles de Miami.
Indica Sun Sentinel que Álvarez, un agente inmobiliario, y el co-demandado Osvaldo Mitat se declararon culpables por un solo cargo de conspiración, que provenía del encautamiento el 18 de noviembre de una nevera blanca para guardar pescado, que contenía ametralladoras, armas de fuego con los números de serie borrados, un silenciador sin registrar y un lanza-granadas.
Los querellantes afirmaron que Álvarez y Mitat, activos ''anticastristas'', mantenían
escondrijos con armas, incluyendo una en Las Bahamas, que utilizarían en ataques terroristas contra Cuba.
Según un resumen del caso, los agentes federales ejecutaron la búsqueda en la oficina de Álvarez en Hialeah, el 18 de noviembre, después de interceptar un paquete enviado a Álvarez que contenía documentos de identidad falsos.
A medida que la búsqueda continuó, Álvarez pidió que un empleado transportara un refrigerador que contenía las armas del apartamento de Lauderhill a una localización en Miami, en donde Mitat la tomaría.
El empleado, que era un informante del FBI, dio cuenta a los agentes. Las autoridades arrestaron a Mitat con las armas y a Álvarez, más adelante.
Antes de su detención, Álvarez era muy conocido para la ayuda financiera al terrorista Posada Carriles, de quien era portavoz.
También Álvarez fue denunciado por Cuba al dar a la publicidad una grabación de una conversación telefónica con un mercenario que había enviado a La Habana a realizar actos terroristas.
Detenido por autoridades de la Seguridad del Estado cubanas, el mercenario accedió a comunicarse telefónicamente con Álvarez para aparentemente ''solicitar orientaciones''.
Álvarez, que estaba en Miami, le dijo entonces que volara el cabaret Tropicana haciendo estallar dos laticas de cervezas rellenas de explosivos.
Esa grabación con la voz de Álvarez dando ordenes terroristas para masacrar a cubanos y extranjeros que estarían en el famoso centro nocturno, ha sido pasada una y otra vez por la televisión local y no ha podido ser desmentida por Álvarez.
Es ese mismo Álvarez al que el juez Cohn reconoce que su meta siempre ha sido una ''Cuba democrática''.
Cuando Posada Carriles llegó ''misteriosamente'' a Miami en 2005 después de años en la clandestinidad, Álvarez actuó como su principal portavoz y defensor.
Posada está en custodia federal en El Paso, Texas, retenido solo con cargos de
inmigración, a pesar de ser un connotado criminal y asesino, fugado de la cárcel en Venezuela, conocido como el Bin Laden de América y agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a la que presto ''valiosos servicios''.
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http://www.antiterroristas.cu
http://www.cubavsterrorismo.cu/
http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB202/index.htm
http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/conclusiones/index.html
Para ver video sobre los Cinco "Misión contra el terror":
http://es.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=824
Por Roberto Pérez Betancourt
La Habana, 14 nov (AIN) La complicidad entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Miami, la mafia anticubana que allí opera y el criminal Luis Posada Carriles, fue evidenciada hoy en Mesa Redonda Informativa de la televisión y radio cubanas.
Los panelistas analizaron la información revelada en el influyente diario The Washington Post, donde se afirma que Ed Pesquera, agente del FBI, dio la orden de destruir el expediente delictivo de Luis Posada Carriles, que esa institución guardaba en su sala de evidencias de Miami.
En el trabajo del Post, la periodista Ann Louise Bardach ofreció detalles de los documentos desaparecidos e hizo notar que Ed Pesquera es hijo de Héctor Pesquera, el ex jefe del FBI en el Sur de la Florida, el mismo que arrestó en 1998 a cinco cubanos luchadores antiterroristas.
René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero, conocidos como Los Cinco, fueron sometidos a un politizado juicio en Miami, que concluyó en 2001 con excesivas e injustificadas condenas, por infiltrar a grupos extremistas anticubanos que actúan con la anuencia de Washington en el Sur de la península de Florida.
El periodista Reinaldo Taladrid recordó que Bardach publicó hace años una entrevista con Posada Carriles, en la cual este confesaba sus lazos con la llamada Fundación Nacional Cubano-Americana, de largo expediente delictivo contra la Mayor de las Antillas y otras naciones.
Bardach supo que el caso de Posada estaba siendo manejado al más alto nivel del Departamento de Justicia estadounidense y que el Gobierno no deseaba que se pusieran en riesgo sus relaciones con los cubanos exiliados, refiriéndose en verdad a la mafia terrorista de Miami.
Los detalles del caso demuestran la intención conspirativa, ya que los documentos del historial de Posada fueron destruidos en agosto de 2003, cuando las autoridades panameñas reclamaban datos sobre el terrorista, inculpado en ese país por intentar volar en 2001 el Paraninfo de la Universidad, donde hablaría el Presidente cubano Fidel Castro.
Otros oficiales aparecen complotados en el caso Posada, entre ellos el detective Luis Crespo, hijo de un criminal de igual nombre conocido como ‘El Gancho’, y el detective Héctor Alfonso, hijo del también terrorista anticubano Héctor Fabián.
Posada, de 78 años de edad, sigue detenido en El Paso, Texas, solo bajo acusaciones de entrada ilegal a Estados Unidos en marzo del 2005.
Washington omite a priori las numerosas pruebas que demuestran que este hombre, más que un simple violador de normas migratorias, es un asesino confeso, autor del sabotaje a una nave de Cubana de aviación en 1976, que costó la vida a 73 personas inocentes.
Un magistrado recomendó la liberación de Posada en octubre de este año, pero el Gobierno solicitó la detención ‘indefinida’ y se vio obligado a calificarlo de ‘criminal no arrepentido que ha admitido ser el cerebro de varios atentados terroristas’.
Lázaro Barredo, director del diario Granma, recordó que el dos de noviembre, Phillip Martínez, juez federal, concedió al Gobierno 90 días más para que el Departamento de Seguridad Territorial justifique el encarcelamiento indefinido de Posada, los cuales se vencerán el primero de febrero de 2007.
El Departamento de Justicia tendrá que certificar que Posada es un terrorista o que su libertad condicional afecta a la política exterior de Estados Unidos.
Vía telefónica, el abogado José Pertierra afirmó que EE.UU. no puede permitir que un terrorista como Posada sea liberado y subrayó que, si no se hace justicia, es responsabilidad del Gobierno y no de algún juez de inmigración.
Barredo comentó un artículo publicado el sábado anterior en el diario The Miami Herald, basado en declaraciones de un agente del FBI, donde se narran vínculos entre Posada y otros connotados terroristas con comerciantes de origen cubano radicados en Nueva Jersey.
En opinión de Randy Alonso, moderador de la Mesa Redonda, el artículo del Herald evidencia que las autoridades estadounidenses están en pleno conocimiento de las múltiples actividades de Posada.
Taladrid precisó que en Estados Unidos se constituyeron grandes jurados investigadores sobre los casos de corrupción. Uno en Nueva Jersey involucra a cubanos mafiosos, mientras otro indaga detalles reales del ingreso ilegal de Posada Carriles al país.
Alicia Jrapko, del Comité Internacional por la Libertad de Los Cinco en EE.UU. -presente en la Mesa Redonda-, expresó su satisfacción al constatar la seriedad del periodismo cubano, subrayó la ignorancia del pueblo norteamericano sobre los temas tratados y ofreció testimonio sobre la política de terror insuflada a los estadounidenses.
Afirmó Jrapco que los medios de difusión masiva en su país silencian realidades, incluida la de Los Cinco, y explicó las actividades realizadas por el Comité de Solidaridad para llevar la verdad a estudiantes y otras capas sociales norteamericanas.
En su sección la Noticia del Día se supo que los terroristas de origen cubano Santiago Álvarez y Oswaldo Mitat fueron sancionados al concluir el juicio que se les seguía en Estados Unidos por trasiego ilegal de armas.
Álvarez debe cumplir 46 meses de prisión y pagar una multa de 10 mil dólares, Mitat pasará tres años y un mes en cárcel federal y dos años en libertad condicional.
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Sancionan en Miami al terrorista Santiago Álvarez
La Habana, 14 nov (AIN).-El terrorista de origen cubano Santiago Álvarez fue condenado el lunes en Miami a casi cuatro años en prisión federal, por esconder armas y explosivos ''ilegalmente''.
Todo hace indicar que muy a pesar del magistrado, eran tan escandalosas las pruebas del almacenamiento de ametralladoras, armas de fuego con los números de serie borrados, un silenciador sin registrar y un lanza-granadas, que era imposible tirar un manto de impunidad sobre el sujeto, acostumbrado a realizar acciones violentas contra Cuba desde territorio estadounidense.
Según la versión digital de Sun Sentinel, citada por CUBADEBATE, Álvarez admitió recientemente que él escondió las armas en un apartamento de su propiedad e intentó moverlas hacia otro sitio, después que autoridades federales irrumpieron en su oficina con una autorización de búsqueda.
Además de los 46 meses en prisión, el juez James Cohn pidió para Álvarez dos años de libertad condicional y pagar una multa 10.000 dólares.
Condenó, además, a su socio Osvaldo Mitat a tres años, más un mes en prisión
federal, y a dos años de libertad condicional. Mitat también se había declarado
culpable en el caso.
Los abogados de defensa dijeron que estos dos hombres eran "patriotas, no ladrones". Pero el juez Cohn respondió que, "aunque esta corte reconoce el último objetivo y la meta de Sr. Álvarez y del Sr. Mitat, que ha sido siempre una Cuba libre y democrática,.... somos una nación de leyes."
Es la misma nación cuyo gobierno protege al connotado terrorista Luis Posada Carriles -socio de Álvarez y confeso autor intelectual de la voladura de un avión cubano que costó la vida de 73 personas inocentes en 1976, y que dio la libertad al asesino Orlando Bosh, también de origen cubano, quien anda libre por las calles de Miami.
Indica Sun Sentinel que Álvarez, un agente inmobiliario, y el co-demandado Osvaldo Mitat se declararon culpables por un solo cargo de conspiración, que provenía del encautamiento el 18 de noviembre de una nevera blanca para guardar pescado, que contenía ametralladoras, armas de fuego con los números de serie borrados, un silenciador sin registrar y un lanza-granadas.
Los querellantes afirmaron que Álvarez y Mitat, activos ''anticastristas'', mantenían
escondrijos con armas, incluyendo una en Las Bahamas, que utilizarían en ataques terroristas contra Cuba.
Según un resumen del caso, los agentes federales ejecutaron la búsqueda en la oficina de Álvarez en Hialeah, el 18 de noviembre, después de interceptar un paquete enviado a Álvarez que contenía documentos de identidad falsos.
A medida que la búsqueda continuó, Álvarez pidió que un empleado transportara un refrigerador que contenía las armas del apartamento de Lauderhill a una localización en Miami, en donde Mitat la tomaría.
El empleado, que era un informante del FBI, dio cuenta a los agentes. Las autoridades arrestaron a Mitat con las armas y a Álvarez, más adelante.
Antes de su detención, Álvarez era muy conocido para la ayuda financiera al terrorista Posada Carriles, de quien era portavoz.
También Álvarez fue denunciado por Cuba al dar a la publicidad una grabación de una conversación telefónica con un mercenario que había enviado a La Habana a realizar actos terroristas.
Detenido por autoridades de la Seguridad del Estado cubanas, el mercenario accedió a comunicarse telefónicamente con Álvarez para aparentemente ''solicitar orientaciones''.
Álvarez, que estaba en Miami, le dijo entonces que volara el cabaret Tropicana haciendo estallar dos laticas de cervezas rellenas de explosivos.
Esa grabación con la voz de Álvarez dando ordenes terroristas para masacrar a cubanos y extranjeros que estarían en el famoso centro nocturno, ha sido pasada una y otra vez por la televisión local y no ha podido ser desmentida por Álvarez.
Es ese mismo Álvarez al que el juez Cohn reconoce que su meta siempre ha sido una ''Cuba democrática''.
Cuando Posada Carriles llegó ''misteriosamente'' a Miami en 2005 después de años en la clandestinidad, Álvarez actuó como su principal portavoz y defensor.
Posada está en custodia federal en El Paso, Texas, retenido solo con cargos de
inmigración, a pesar de ser un connotado criminal y asesino, fugado de la cárcel en Venezuela, conocido como el Bin Laden de América y agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a la que presto ''valiosos servicios''.
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http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB202/index.htm
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Para ver video sobre los Cinco "Misión contra el terror":
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Ann Louise Bardach
The Washington Post
Como regla, no creo en la teoría de las conspiraciones. Tienden a ser organizadas y selectivas, mientras la vida parece más bien fortuita y confusa. Pero el caso del militante cubano y aspirante a asesino de Fidel Castro Luis Posada Carriles ha puesto seriamente a prueba mis convicciones.
Llevo escribiendo sobre Posada casi una década. En 1998 lo entrevisté en Aruba para una serie de artículos del New York Times. Era un fugitivo que había escapado de Venezuela en 1985 mientras aguardaba juicio por el atentado dinamitero en 1976 de un avión de pasajeros cubano que causó la muerte a las 73 personas a bordo —primer acto mortal de terrorismo contra una aerolínea en las Américas. Posada ha sostenido que es inocente, pero en un caso poco usual de unanimidad, la CIA y el FBI así como las inteligencias de Venezuela, Trinidad y Cuba llegaron a la conclusión de que él y su compañero de militancia Orlando Bosch habían urdido el atentado con bombas.
El pasado año, escribí un artículo para la Sección Outlook sobre la sorpresiva llegada de Posada a Miami, donde había presentado una demanda de asilo político. Esta acción no sólo había sido vista por muchos como desvergonzada sino que parecía incomprensible que la administración de Bush, tan comprometida con su Guerra contra el Terror, pudiera permitir a alguien de la tenebrosa reputación de Posada introducirse en el país.
Poco después, oficiales del Departamento de Seguridad de la Patria se las arreglarían para arrestar a Posada y acusarle de entrada ilegal. Supuse que el Departamento de Justicia emprendería acciones respecto a su confesa historia de ataques paramilitares y lo extraditaría a algún lugar, y que yo sencillamente continuaría dando cobertura a su caso. Sin embargo, el gobierno ha permanecido indeciso durante un año y medio, mientras Posada languidece en una cárcel de inmigración en Texas.
Yo, mientras tanto, he descubierto que soy un actor inconsciente en el confuso drama de los Estados Unidos y Luis Posada.
No había transcurrido mucho tiempo desde el arresto de Posada cuando agentes del FBI y de Seguridad de la Patria comenzaron a llamarme buscando información sobre la serie de artículos mios en el New York Times. Un agente fue directo al asunto y me preguntó si estaría dispuesta a compartir mis materiales de la investigación, así como mis copias de los expedientes del FBI y la CIA sobre Posada. "Háganos ese favor", me dijo. "No logramos encontrar los nuestros." Reí educadamente, suponiendo que se trataba de un intento de imponer humor. Pero el agente no estaba bromeando.
En agosto del 2003, la oficina del FBI en Miami había tomado la sorprendente decisión de cerrar el caso sobre Posada. Por consiguiente, según la portavoz del FBI Judy Orihuela, se extrajeron del cuarto de pruebas del Buró, el local al que llaman "Voluminosos", varias cajas de pruebas. Entre los documentos que desaparecieron estaba un Fax original firmado y enviado por Posada en 1997 a colaboradores, en el que se quejaba de la reticencia de los medios de comunicación estadounidenses a creer los reportes sobre una serie de ataques con bombas llevados a cabo en Cuba que esperaba él asustarían a los turistas e inversionistas y los alejarían de la isla de Castro.
Yo había mostrado a Posada una copia de este Fax durante mis entrevistas con él. El Fax había sido interceptado por Antonio Alvarez, exiliado cubano y hombre de negocios que compartiera una oficina con Posada en Guatemala en 1997. Alarmado, Alvarez había notificado a agentes de la oficina del FBI en Miami, pero al ver que estos no emprendían acción alguna, recurrió al Times.
"Si no hay publicidad, el trabajo es inútil", escribía Posada en el Fax. "Los periódicos americanos no publican nada que no haya sido confirmado. Necesito todos los datos de la [el ataque con bombas a la] discoteca para tratar de confirmarlo." Estaba firmado por "Solo", su nombre de guerra.
Posada expresó temores de que el Fax pudiera causarle problemas con el FBI. Pero no tenía necesidad de preocuparse.
Héctor Pesquera, el agente especial a cargo de la oficina del FBI en Miami en ese momento, no mostró mucho interés en el caso de Posada. Para la consternación de sus agentes, disfrutaba de las relaciones con ex políticos exiliados de línea dura de Miami, y negó a sus agentes el uso de micrófonos en el caso de Bosch, quien es conocido como el padrino de grupos paramilitares, así como de otros militantes sospechosos de llevar a cabo actividades criminales. Los agentes afirmaron que antes de retirarse en diciembre de 2003, Pesquera había impedido que se investigara a exiliados cubanos de postura militante.
Sin los materiales que fueron extraídos del cuarto de pruebas, que incluían también transferencias bancarias y mensajes entre Posada y sus colaboradores relativos a las acciones con bombas en Cuba, la posibilidad de procesar judicialmente a Posada se ve severamente limitada. Orihuela, la portavoz del FBI, explicó que “el agente supervisor y alguien de la oficina de la Fiscalía habría tenido que firmar” antes de que se extrajeran y destruyeran las pruebas. Confirmó que la aprobación para que se destruyeran las pruebas la había dado el agente que llevaba el caso de Posada, quien casualmente era Ed Pesquera — el hijo de Héctor.
Aunque el caso de Posada se reabrió en mayo de 2005 y hoy se mantiene pendiente, la decisión inicial de cerrarlo sorprendió a muchos investigadores de la policía de Miami Dade y del FBI. Pocas veces había Posada estado tan activo. Además de la campaña de colocación de bombas en Cuba, él y otros tres de sus compañeros habían sido arrestados en Panamá en 2000 en relación con un intento de asesinato contra Fidel Castro.
A finales de abril del pasado año, mientras me hallaba en la peluquería, mi esposo telefoneó para decirme que dos agentes del Departamento de Seguridad de la Patria se habían presentado en mi casa de Santa Bárbara, California, para entregarme una citación. Le indiqué que pidiera a los agentes marcharse y dirigir todas sus preguntas al Times. Finalmente, se dirigieron a los abogados del Times. En los meses subsiguientes, tuvo lugar una verdadera danza en la Corte de Distrito para el Distrito Sur de la Florida. Después que el Times presentara su moción para suprimir la citación, el Departamento de Justicia la retiró, en agosto de 2005.
Más tarde, mientras trabajaba en un artículo acerca de Posada para la edición actual de Atlantic Monthly , uno de sus abogados me dijo que “el caso de Posada estaba siendo tratado a los más altos niveles” del Departamento de Justicia. Todo lo que tienen que hacer para detener a Posada por tiempo indefinido, me explicaba, es hacer que el Fiscal General Alberto R. González lo declare una amenaza para la seguridad nacional. Y añadió: “Pero no lo harán. Eso crearía problemas a la gente de Bush con su base de exiliados cubanos en Miami.” En otras palabras, el gobierno no quiere consolidar su propio caso — y arriesgarse a perder a aliados cubano-americanos. Es mejor dejar que sean los reporteros quienes contribuyan al caso.
El 11 de septiembre, el Departamento de Justicia entró en acción, impulsado quizás por el simbolismo de la fecha. Llegó a una arreglo de solicitud de condena de unos dos años para Santiago Álvarez y Osvaldo Mitad, compañeros de Posada que enfrentaban hasta 50 años de privación de libertad por la posesión ilegal de cientos de armas de fuego. Ese mismo día, un juez de El Paso recomendó que se pusiera en libertad a Posada, ya que el Departamento de Justicia aún no había presentado cargos en su contra. (El 3 de noviembre, el juez principal dio al gobierno 90 días para presentar su caso.) Y posteriormente esa tarde, un juez del Departamento de Justicia llamó al Times y dijo que enviarían otra citación referida a materiales relacionados con Posada.
El 6 de octubre, el 30 aniversario del atentado con bombas al avión de Cubana (hay que reconocer que escogieron bien la fecha), recibí una nueva citación. Ésta me la envió un gran jurado federal en Newark, a solicitud de González. En el Departamento de Justicia podrán ser ambivalentes con respecto a la guerra contra el terrorismo, pero no puede cuestionarse su dedicación a la guerra contra el Cuarto Poder. Por mi parte, me encuentro ante una disyuntiva peculiar: contemplando cuán lejos debe uno ir para proteger las libertades civiles de alguien a quien se le acusa de terrorista.
Mi caso, por fortuna, no involucra a fuentes confidenciales. Y tanto la ley, según el Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones, como las propias directrices del Departamento de Justicia lo establecen bien claro: la fiscalía no puede obligar a los reporteros a darles información que pueda obtener ella por otros medios. Solamente después de haber explorado otras alternativas, podrá el gobierno recurrir a los medios para consolidar un proceso judicial.
Llámeseme extremista de las construcciones gramaticales pero de alguna manera me cuesta creer que nuestros padres fundadores hayan querido permitir que el gobierno incursione en los expedientes de trabajo de los medios noticiosos después de manejar chapuceramente un caso y destruir pruebas cruciales.
La nueva citación del Departamento de Justicia dice que solo quieren la cinta de mi entrevista con Posada. Aparte de la gran intromisión e inconveniencia de buscar entre materiales de investigación acumulados durante 15 años de trabajo, todo este funesto episodio se me antoja una pérdida de tiempo.
Posada estuvo de acuerdo en reunirse conmigo porque él quería hacer público su esfuerzo por derrocar a Castro. Grabé todo cuanto pude, por si Posada después empezaba a lamentarse. Y así fue. Pero en los dos días que pasé con él, reveló bastante sobre sus distintas campañas de colocación de bombas y su filosofía en general.
El co-autor, Larry Rohter, los editores del Times y yo seleccionamos las partes más fuertes e interesantes de las transcripciones de las notas para nuestros artículos. Contrario a lo que las grandes mentes del Departamento de Justicia puedan pensar, nosotros no retenemos las mejores partes, ¡las publicamos¡ Y justo el mes pasado, el Atlantic publicó en su sitio web las notas que Posada escribió para mí, en las cuales me ofrecía orientación editorial. Me escribió: “Él no admite haber puesto las bombas en los hoteles, pero tampoco lo niega.”
http://www.theatlantic.com/doc/200610u/posada-notes.
El FBI y el Departamento de Justicia están llenos de empleados con mucha dedicación, pero las decisiones finales las toma el estrato político. Y para ellos, Posada podría ser un hombre que sabe demasiado. Su abogado dice que Posada fue un agente pagado de la CIA desde 1959 hasta mediados de la década de 1980. De hecho, luego de su “fuga” de prisión en 1985, encontró empleo rápidamente, dirigiendo la operaciones de campo del Irán-contra en El Salvador. Bosch, su co-acusado en el atentado del avión cubano, fue defendido nada más y nada menos que por Jeb Bush en su solicitud de la residencia en los Estados Unidos, la que le fue concedida en 1991 por el Presidente George H.W. Bush a pesar de las objeciones del FBI, la CIA y el Departamento de Justicia.
Y hay otros detalles espinosos en este caso. El enlace del Departamento de Policía de Miami-Dade con la Fuerza de Tarea Conjunta Contra el Terrorismo del FBI es el respetado detective Luis Crespo, hijo, cuyo padre fuera uno de los más famosos militantes anticastristas, también conocido como El Gancho, porque perdió la mano a causa de una bomba que explotó antes de tiempo.
Junto a Crespo, hijo, trabaja el detective Héctor Alfonso, hijo de otro legendario militante anticastrista, conocido como Héctor Fabián. Alfonso fue asignado a una unidad de inteligencia del Departamento de Policía de Miami Dade y por ello tiene acceso a la información más sensible sobre defensa nacional, incluyendo los militantes del exilio cubano. “Digamos que tienes una pista para el FBI sobre una bomba”, reflexiona D.C. Díaz, un veterano que lleva 27 años en el Departamento, “¿se la darías a alguien que es hijo de Luis Crespo?”
Antes de que el gobierno empiece a inmiscuirse con las protecciones que la Constitución brinda a la prensa, necesita hacer un poco de limpieza propia. Un buen comienzo sería un fiscal especial para que investigue quien ordenó la eliminación de las pruebas contra Posada y por qué. Si después decide que quiere profundizar, podría leer detenidamente los expedientes de la CIA y el FBI que poseen información detallada sobre los 45 años de carrera paramilitar de Posada. Y en New Jersey y Miami hay alrededor de una docena de compañeros de Posada que saben mucho más de lo que se yo.
Pero eso sería suponiendo que el gobierno quiera juzgar a Posada. Se ha negado a hacerlo durante décadas y no hay nada hasta el momento que sugiera que ahora se incline por hacerlo.
Ann Louise Bardach es autora de Cuba Confidential (Vintage) y editora de Prison Letters of Fidel Castro, que en febrero publicará Avalon. Dirige el Media Project en la Universidad de California, Santa Barbara /PEN USA.
bardachreports [at] aol.com
Traducción: Cubadebate
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http://www.antiterroristas.cu
http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/conclusiones/index.html
http://www.cubavsterrorismo.cu/
http://www.cubacontraelterror.cubasi.cu/index.asp
http://www.terrorfileonline.org/es/index.php/Inicio
http://www.fabiodicelmo.cu/home.asp
http://www.patriagrande.net/estados.unidos/cia.htm
Video "Misión contra el terror":
http://es.arcoiris.tv/modules.php?name=Unique&id=824